Medicina Legal y Bioética · la asignatura supone el 2.1% del examen
Borrador. IA a partir de las fuentes declaradas; sin revisión clínica. Contrasta cifras y umbrales con la guía vigente antes de fiarte.
El consentimiento informado (CI) no es un papel que se firma antes de una prueba: es un proceso. La Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente, lo define en su artículo 3 como «la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud».[ley412002]
Esa definición reúne los dos derechos que el MIR examina por separado: el derecho a la información (qué se le cuenta al paciente y quién tiene que contárselo) y el derecho a decidir (que esa información se traduzca en una decisión libre del paciente, no del médico ni de la familia). El artículo 2 de la ley los enuncia como principios básicos: toda actuación sanitaria requiere, con carácter general, el consentimiento previo del paciente (art. 2.2); el paciente tiene derecho a decidir libremente entre las opciones clínicas disponibles (art. 2.3); y tiene derecho a negarse al tratamiento, salvo en los casos que la propia ley determina — su negativa debe constar por escrito (art. 2.4).[ley412002]
Esto no cambia
Información y consentimiento son derechos distintos aunque vayan juntos. Se puede informar a alguien sin pedirle consentimiento (la información epidemiológica, art. 6) y existen consentimientos que la ley presume sin que haga falta explicitarlos para cada acto (la aceptación de un tratamiento pautado que el paciente ya conoce). Lo que el MIR pregunta una y otra vez es quién es el titular de esos dos derechos, y la respuesta de la ley es siempre la misma: el paciente, no su familia.
El artículo 5 lo deja explícito: el titular del derecho a la información es el paciente (art. 5.1). También se informa a las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho, pero solo «en la medida en que el paciente lo permita de manera expresa o tácita». Incluso si el paciente tiene alguna incapacidad, se le informa a él, adaptando la información a sus posibilidades de comprensión (art. 5.2). Solo cuando, a criterio del médico que le asiste, el paciente carece de capacidad para entender la información por su estado físico o psíquico, esta se traslada a las personas vinculadas a él (art. 5.3). La ley exige un juicio clínico expreso de incapacidad; no basta con que la familia prefiera ser ella quien reciba la información o decida en su lugar.[ley412002]
La forma del consentimiento la fija el artículo 8: será verbal por regla general. Se exige por escrito solo en los supuestos que la propia ley enumera: intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente (art. 8.2). El consentimiento escrito exige, además, información suficiente sobre el procedimiento y sus riesgos (art. 8.3, desarrollado en el art. 10) y puede revocarse libremente por escrito en cualquier momento (art. 8.5).[ley412002]
De las 8 preguntas reales sobre este tema, ninguna pide recitar un artículo de memoria: todas plantean un caso y piden aplicar la ley a él. Se agrupan en cuatro carriles.
La capacidad de hecho para decidir —no la capacidad civil, que es otra cosa y la declara un juez— es el eje de este tema. La ley no da una prueba objetiva para medirla: la deja al criterio del médico responsable de la asistencia (art. 9.3.a). En la práctica, y así lo reflejan los casos del MIR, esa valoración se apoya en si el paciente comprende la información, sopesa los riesgos y beneficios de forma coherente y mantiene una decisión estable — no en si la decisión coincide con la que tomaría el médico.[ley412002]
Ha cambiado recientemente
El error más frecuente en estos casos es confundir «decisión que no comparto» con «paciente incapaz». Un paciente psiquiátricamente sano que rechaza un tratamiento que el especialista considera indicado e insustituible, tras comprender sus consecuencias —incluida la muerte— y sostener su decisión de forma racional, sigue siendo competente: el art. 2.4 le reconoce el derecho a negarse al tratamiento, y ese derecho no desaparece porque la decisión sea arriesgada o el médico no esté de acuerdo con ella.[ley412002]
Cuando el paciente no acepta el tratamiento propuesto, la vía legal no es forzarlo ni acudir al juez para que lo obligue: es ofrecerle la firma del alta voluntaria; si no la firma, la dirección del centro, a propuesta del médico responsable, puede disponer el alta forzosa (art. 21.1). Esto no aplica si existe un tratamiento alternativo —aunque sea paliativo— que el paciente sí acepta (art. 21.1, segundo párrafo). Solo cuando existe riesgo para la salud pública (art. 9.2.a) o el paciente representa un riesgo para terceros justificado por ley, entra en juego la autoridad judicial; el desacuerdo del médico con la decisión de un paciente competente, por sí solo, no es uno de esos supuestos.[ley412002]
En el extremo opuesto, un deterioro cognitivo diagnosticado no implica automáticamente incapacidad para decidir sobre cada acto médico. La ley obliga a valorar la comprensión caso por caso: una paciente con demencia leve, no incapacitada legalmente, independiente y capaz de mantener una conversación orientada, conserva el derecho a que se le informe a ella —adaptando la información a su capacidad de comprensión (art. 5.2)— y a decidir ella misma. Solo cuando el médico verifica y documenta que la paciente no entiende la naturaleza, los objetivos, los riesgos o las consecuencias de la prueba, se pasa al consentimiento por representación de las personas vinculadas a ella (art. 9.3.a), que en ese caso deben decidir por escrito y dejando constancia en el impreso de consentimiento.[ley412002]
El art. 9.3.c) da la regla de base: si el menor de edad no es capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervención, consiente su representante legal, después de haber escuchado su opinión conforme al art. 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor. El art. 9.4 marca el límite superior de esa representación: los menores emancipados o mayores de 16 años deciden por sí mismos, sin que quepa sustituir su voluntad por la de sus padres, salvo que encajen en los supuestos de incapacidad de hecho o incapacidad judicial del apartado anterior.[ley412002]
Ha cambiado recientemente
Aquí hay un cambio real de doctrina legal que el examen histórico no reflejaba todavía: antes de la reforma de 2015, un menor emancipado o mayor de 16 años podía decidir por sí mismo incluso en una actuación de grave riesgo para su vida o salud, y la ley solo exigía informar a los padres y tener en cuenta su opinión —no su consentimiento—. Desde la reforma de 2015, el art. 9.4 invierte esa regla para el grave riesgo: si la actuación es de grave riesgo para la vida o salud del menor, según el criterio del facultativo, el consentimiento vuelve a corresponder al representante legal, una vez oída y tenida en cuenta la opinión del propio menor. Es decir, el menor maduro perdió su última palabra en los supuestos de grave riesgo.ha cambiado[ley412002]
Cuando el consentimiento por representación corresponde a los padres —de un menor no emancipado ni mayor de 16 años, como un niño de 14 años— esa decisión no es absoluta: el art. 9.6 obliga a que «se adopte atendiendo siempre al mayor beneficio para la vida o salud del paciente». Si la decisión de los padres es contraria a ese interés —el ejemplo de manual es la negativa a una transfusión vital por motivos religiosos—, la ley obliga a ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal, salvo que la urgencia no permita esperar esa autorización, en cuyo caso «los profesionales sanitarios adoptarán las medidas necesarias en salvaguarda de la vida o salud del paciente, amparados por las causas de justificación de cumplimiento de un deber y de estado de necesidad».[ley412002]
La familia entra en el proceso de consentimiento en dos situaciones muy distintas, y el examen las pone una junto a otra para comprobar que no se confunden. La primera es la urgencia vital: cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del paciente y no es posible conseguir su autorización —está sedado, intubado, inconsciente—, los facultativos pueden llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables sin necesidad de contar con su consentimiento, consultando a la familia o a las personas vinculadas de hecho «cuando las circunstancias lo permitan» (art. 9.2.b). En la práctica, si hay tiempo material para localizar a la familia antes de operar, el médico responsable debe intentarlo y explicarles la situación; pero la ausencia de esa consulta —si de verdad no hay tiempo o no hay a quién localizar— no paraliza una cirugía indispensable: la ley no exige un documento firmado por nadie para actuar en ese supuesto.[ley412002]
La segunda situación es la inversa: un paciente competente y disponible, al que sí se le puede preguntar. Ahí la familia no tiene ninguna potestad de decisión ni de veto, por bienintencionada que sea su petición. El titular de la decisión sigue siendo el paciente (art. 5.1, art. 2.3), y eso incluye decisiones sobre su propio control de síntomas: si un familiar pide que no se administre un fármaco pautado por temor a sus efectos, lo primero que corresponde hacer no es acceder ni negarse sin más, sino preguntar al propio paciente qué siente y qué prefiere. Sustituir su voz por la de un familiar sin que exista una causa de representación —incapacidad de hecho, incapacidad judicial o minoría de edad no emancipada (art. 9.3)— no tiene respaldo legal.[ley412002]
8 preguntas de convocatorias anteriores, agrupadas por lo que evalúan. Intenta responder antes de desplegar la solución.
¿Por qué es necesario obtener un consentimiento informado de procedimientos diagnósticos y terapéuticos?
¿Qué principio ético requiere la solicitud de consentimiento informado del paciente para su participación en un ensayo clínico?
Mujer de 80 años que ingresa en el hospital para estudio de anemia tras ser llevada por sus hijos a urgencias por rectorragia y decaimiento físico. Clínicamente se encuentra estable. Está diagnosticada de un deterioro cognitivo, con ideación y juicio frecuentemente incoherentes y alteraciones conductuales para lo que toma risperidona. Se sospecha neoplasia maligna de colon y se plantea realizar una colonoscopia. Usted verifica que la paciente es incapaz de entender adecuadamente lo que se le explica sobre tal prueba, su naturaleza, objetivos, posibles complicaciones, o sus consecuencias diagnósticas y eventualmente terapéuticas. En tal caso, ¿cuál de las siguientes respuestas es correcta?:
Entramos en la habitación de Pilar, mujer de 92 años diagnosticada de demencia leve. No está incapacitada legalmente y es independiente. Ha ingresado con una sospecha de cáncer de pulmón, por lo que habría que hacerle una TC y probablemente una broncoscopia. Mantiene sin problema una conversación y está orientada. Está en la habitación con su hija. A la hora de dar la información y decidir la actitud a tomar sobre las pruebas a realizar:
El psiquiatra de interconsulta acude a examinar a un paciente en Cardiología que rechaza un tratamiento que el facultativo a cargo del caso considera indicado e insustituible. Tras la exploración no aprecia patología psiquiátrica alguna; el paciente comprende la información que se le ha aportado, los posibles beneficios y riesgos del tratamiento (incluído el fallecimiento), y sopesa adecuada y racionalmente esta información, pero se mantiene firme en su decisión de no ser tratado. El psiquiatra concluye que el enfermo está capacitado para la toma de decisiones en el ámbito de la atención sanitaria. La enfermedad que presenta el paciente, que se niega a firmar el alta voluntaria, no es infecciosa ni representa ningún riesgo especial para terceros. ¿Cuál es la decisión más adecuada a tomar?
JMC paciente de 14 años de edad que ingresa en el servicio de Urgencias. El médico que le atiende considera necesaria una transfusión sanguínea. Los padres del paciente manifiestan su negativa a que se le administre sangre, firmando el correspondiente documento de denegación a la transfusión. El facultativo le advierte que de no llevarse a cabo la transfusión peligra su vida. Insisten en su negativa, el motivo alegado para el rechazo es básicamente religioso. ¿Cual de las siguientes opciones sería la más correcta?
Le avisa el equipo de enfermería por un paciente ingresado con un adenocarcinoma de pulmón con metástasis óseas. Su tratamiento analgésico incluye morfina de liberación prolongada oral y también contempla la administración, en forma de medicación de rescate, de cloruro mórfico intravenoso cada 4 horas si el paciente lo requiere. La percepción de los enfermeros es que tiene dolor, pero su familiar solicita que no se administre cloruro mórfico como analgésico porque "no quiero verle dormido". ¿Cuál de las siguientes opciones sería la primera a realizar en esta situación?:
Varón de 65 años traído al servicio de Urgencias intubado y sedado por un politraumatismo tras un accidente de tráfico. Tras la valoración inicial se objetiva una laceración esplénica que requiere intervención quirúrgica urgente. ¿Cómo se debería proceder con el proceso de consentimiento y la firma del formulario de consentimiento a la cirugía?:
Las referencias entre corchetes del texto enlazan con estas filas.
Licencia CC BY-NC-SA 4.0 · actualizado el 26 de agosto de 2026